El pedido se formalizó este martes. La Justicia de Garantías dará vista a las defensas para que marquen sus oposiciones y planteen nulidades.
Nueve hechos imputados a un total de quince personas, con distintos grados de responsabilidad, en una investigación orientada a determinar la eventual relación que existiría entre funcionarios policiales y sujetos vinculados al mundillo criminal marplatense. Así puede comenzar el análisis de las 435 páginas del pedido de elevación a juicio de la causa que mantiene detenido al ex jefe de la Departamental de Policía José Luis Segovia.
En cumplimiento de los plazos legales, este martes el Fiscal General Adjunto Marcos Pagella firmó el pedido de elevación a juicio que elaboró junto al personal de su dependencia y del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Investigación (CATI). Un total de 435 páginas y anexos probatorios que deberá evaluar el Juez de Garantías Daniel De Marco y que tendrá varios pedidos de nulidades por parte de las defensas.
En el escrito indicaron la investigación puso bajo la lupa un sistema de corrupción arraigado en los altos mandos de la fuerza policial local, la institución encargada de velar por la seguridad de los marplatenses. “Dicho sistema se manifestó en una de sus formas más perniciosas: la connivencia entre uniformados, marginales y delincuentes, en una red de acuerdos clandestinos donde la línea entre la autoridad y el crimen se desdibujó hasta volverse indistinguible”, señalaron.
En tal sentido afirmaron que “mientras los delincuentes y marginales pretendían — y a veces lograban— obtener impunidad, protección o información privilegiada, un funcionario policial corrupto recibía, como contraprestación, dinero procedente de actividades ilícitas y/o favores que le permitieron enriquecerse de modo irregular y, de forma paralela, consolidar su cuota de poder tanto en la propia estructura policial como en la comunidad, e incluso en ámbitos de la administración pública, particularmente en el judicial, donde al amparo de la buena apariencia, la corrección y una supuesta eficiencia, supo tejer y hacer uso y alarde de numerosas relaciones”.
Antes de desarrollar cada uno de los hechos y la responsabilidad de los imputados en uno o varios de ellos, la Fiscalía General sostuvo que se encontraron con sólido “pacto de silencio” convenido entre varios de los imputados e incluso con algunos testigos previamente aleccionados y guionados, sobre todo aquellos pertenecientes a la fuerza policial.
“Como en las organizaciones criminales tradicionales, quedó en claro que en la policía también impera la “omertá”, ese código mafioso no escrito que impone el mutismo absoluto para salvaguardar la red de corrupción y conlleva represalias contra quienes se atreven a romperlo”, indicaron.
Tras cuestionar el accionar de la defensa que recusó al fiscal Pagella, la denuncia penal que habló de aprietes, la desaparición dolosa de evidencias, o al menos los contactos tendientes a ello, el miedo y la desconfianza hacia el sistema judicial, ante la falta de garantías reales y efectivas, constituyeron otro gran obstáculo para desarticular esta red de corrupción y complicidades.
En fin, con el previo pedido de disculpas por el uso de términos coloquiales y metafóricos, debe decirse con total crudeza que en esta investigación se ‘hurgó en la mierda’”, graficaron.
Los imputados y los hechos
Tal como adelantó , en la primera parte de la investigación fueron imputados José Luis Segovia, el policía bonaerense Gastón Moraña, los ex oficiales Javier González y Christian Hotlkamp, el comerciante cambista Jorge Toletti, el ex policía Nicolás Rivademar, el abogado Lautaro Resúa, Claudio Alaniz y el ex miembro de la DDI Javier Collova.
En octubre del año pasado imputaron a otros cinco policías en actividad y uno en retiro efectivo, aunque no solicitaron sus detenciones. En el pedido se solicito juzgar también a Héctor Sosa -en retiro activo-, Mauricio Ramírez Armani, Jonathan Sonzogni, Christian Gari, Sebastián Di Biase, Iván Medigovich y Juan Pablo Velázquez.
El primer hecho detallado en la requisitoria detalla el funcionamiento desde diciembre de 2019 hasta el 8 de mayo del año pasado de una asociación para la comisión de delitos con la finalidad de obtener un indebido provecho económico: uno de esos delitos fue el “apriete” a autores de robos calificados con botines millonarios a los efectos de brindarles impunidad.
Para los investigadores, el grupo logró desviar algunas investigaciones y hacer caer en errores a otros fiscales que investigaban los robos y a la propia Justicia de Garantías. También, a partir de la posición de Segovia como jefe de la DDI primero y luego de la Jefatura Departamental, se registraron distintos episodios constitutivos de abuso de autoridad.
Los últimos delitos detallados en la requisitoria son los relacionados con el control de la compra venta de dólares en la avenida Luro, la complicidad con cambistas y la extorsión a los “arbolitos” que debían pagar cuotas para operar. También se desarrolla el delito de prevaricato para el abogado Resúa –que obtuvo falta de mérito en el comienzo de la investigación- y la tenencia de arma de fuego en el allanamiento que se hizo en la casa de uno de los acusados de recaudar para Segovia.
La cuestión patrimonial del jefe
En el pedido de elevación, y tras aclarar que en los casos de corrupción y criminalidad organizada la prueba directa del pago de coimas o sumas indebidas resulta especialmente difícil de mostrar, señalaron que ya al momento de solicitarse la prisión preventiva de Segovia se advirtieron ciertas y llamativas inconsistencias en su patrimonio que aparecían incompatibles con sus ingresos como funcionario policial.
“Con el avance de la pesquisa —y en particular gracias a la labor de los Instructores Contables de la Policía Judicial de la Procuración General— aquellas sospechas iniciales se vieron confirmadas”, señalaron.
Para los investigadores se verificó un aumento patrimonial significativo, un nivel de vida incompatible con sus ingresos y ciertas operaciones económicas que, hasta la fecha, no pueden ser explicadas de forma lícita. “Y lo más relevante es que ese crecimiento coincidiría en tiempo y en funcionalidad con los hechos investigados en las presentes actuaciones, de los que se sigue un circuito de recaudación ilegal estructurado y sostenido bajo su mando con fuente en actividades también ilegales”, agregaron.
Según ese análisis, a partir del año 2020, se ven diferencias patrimoniales no justificadas por los ingresos lícitos declarados por José Luis Segovia y su esposa. Consideran llamativo qué en el año 2023, dichas diferencias alcanzan niveles que superan la totalidad de los ingresos anuales del grupo familiar, y que se corresponden con depósitos bancarios de origen incierto e inversiones de alta magnitud.
Esa tendencia se mantuvo parcialmente en 2024 con retiro y distribución de fondos a familiares cercanos por lo que concluyen “que existen fondos cuyo origen no se encuentra debidamente acreditado, generando un incremento patrimonial injustificado”.
“El dinero pudo no haber sido filmado al momento del intercambio. Pero dejó huellas: en las cuentas, en los bienes, en los fajos de efectivo, en las cajas vacías. Y cuando los ingresos no explican los egresos, cuando la evidencia contable contradice el relato defensivo, cuando todo coincide en tiempo, forma y función, ya no se habla de sospecha, se habla de prueba”, concluyeron.