Centros de salud y hospitales garantizan el derecho. Cómo se hace y qué expresan las profesionales de la salud.
La agenda de 2019 y 2020 estuvo copada en la Argentina por el debate de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), más conocida como la Ley del Aborto Legal, que organizaciones y militantes traccionaron durante décadas en el país.
Pasaron los años desde su aprobación y en los últimos meses corrió la misma suerte que otros de los derechos ya adquiridos por la sociedad: desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir denunciaron una reducción, un desfinanciamiento y un desmantelamiento de todos los programas concretos que lo garantizan.
“El Estado nacional se desentiende de garantizarlo y traslada a las provincias y los municipios esta responsabilidad. La Secretaría de Salud municipal tiene una política de desentendimiento, desmantelamiento y de no cuidar los distintos equipos que garantizan este derecho y los profesionales estamos en estado de alerta por el derecho a decidir, ya que en Mar del Plata el acceso es limitado“
Las profesionales buscan que los distintos estamentos garanticen la compra de materiales y herramientas, pero también que se reavive la difusión de información y la sociedad conozca cómo se practica la ILE, hecho que pocas personas saben.
“Las personas hoy pueden acceder, hay limitaciones, pero es importante que se difunda también que se puede acceder“, reconoció la referente Noelia Barbas a Extra (102.1). Centros de salud y hospitales son los lugares en los que se cumple la normativa en Mar del Plata.
“También se está garantizando el acceso a la práctica directa aunque siempre se recomienda que accedan a una consejería en salud sexual y que haya profesionales capacitados para atender esta situación. Así que una vez que la persona se presenta y demanda la interrupción voluntaria del embarazo, se le brinda un espacio de consejería en opciones y para acompañar en este proceso de decisión, que muchas veces viene cargado de mucha indecisión”, describió la profesional.
El acompañamiento radica en constatar que la decisión sea consciente y autónoma, y para evaluar el estado de situación.
“También se le indica una ecografía para saber cuál es la edad gestacional de esa persona y a partir de ello se determina si el tratamiento corresponde a que sea ambulatorio en el caso de que sea de menos de 12 semanas“, agregó.
La salida de la clandestinidad y la agilización de los engranajes estatales de forma legal generaron una importante reducción en las complicaciones que implicaba este proceso por fuera del sistema. “Realmente el hecho de que se haya logrado este derecho no solo hace que el aborto salga de la clandestinidad, sino que también podamos garantizar una atención de calidad, segura, y sobre todo acompañada de profesionales capacitados en ese sentido”, subrayó Barbas.