La causa, la primera de este tipo bajo el nuevo sistema acusatorio, se inició tras un alerta del FBI y generó allanamientos en varias provincias.
La Unidad Fiscal de Mar del Plata investiga un caso inédito en el distrito que involucra a dos adolescentes que habrían participado en la posible planificación de un ataque contra una escuela desde Miramar, confirmaron fuentes judiciales. La pesquisa se inició luego de un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que alertó sobre conversaciones en redes sociales donde se hacía referencia a un ataque violento contra un establecimiento educativo y se registraron expresiones de odio dirigidas a distintos grupos sociales.
El caso es el primero en la jurisdicción que involucra a menores de edad no punibles bajo el sistema acusatorio, que rige desde abril de 2025. Uno de los adolescentes implicados reside en Miramar y el otro en La Quiaca, en la provincia de Jujuy. A instancia del Ministerio Público Fiscal (MPF), el 30 de enero pasado se realizaron cuatro allanamientos en distintos puntos del país para secuestrar dispositivos electrónicos y otras pruebas que permitan avanzar en la investigación.
Según informó la Fiscalía, las conversaciones detectadas en la red social no solo mencionaban la supuesta comisión de un tiroteo en una escuela, sin precisar cuál, sino que también incluían referencias a posibles actos preparatorios, como la adquisición de armas y prácticas de tiro. En los intercambios se identificaron además discursos discriminatorios y de odio dirigidos contra grupos sociales, raciales y religiosos.
Primeros pasos procesales y resguardo de derechos
Dada la edad de los implicados, que no fue precisada, previo a los allanamientos se realizó una audiencia donde la fiscal federal Laura Mazzaferri solicitó al juez de Garantías la autorización para los registros domiciliarios y la intervención de la Asesoría de Menores, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos y garantías constitucionales de los jóvenes. El juez hizo lugar a ambos pedidos y dispuso que las medidas fueran reservadas.
En paralelo, la intervención de la Asesoría de Menores permitió asegurar que los adolescentes sean escuchados y asistidos conforme a los estándares legales para su condición de menores de edad.
Hipótesis de radicalización
La Fiscalía planteó como una de las principales hipótesis que los jóvenes podrían haber sido captados por personas mayores de edad con el propósito de impulsar un proceso de radicalización progresiva para la eventual comisión de hechos graves que, si bien aún no se concretaron, representan un riesgo potencial para la seguridad pública.
En la etapa actual de la pesquisa, los fiscales también evalúan si existió participación de personas que operaban desde el exterior y si hay conexiones internacionales en la cadena de comunicación.
Elementos secuestrados durante los allanamientos.
Marco legal y líneas de investigación
Aunque los adolescentes no son punibles según la legislación vigente al momento de los hechos, los fiscales estudiarán si la conducta encuadra en figuras como el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona delitos contra el orden público mediante imposición de ideas por la fuerza o el temor, así como el artículo 3 de la Ley 23.592 sobre actos discriminatorios en su forma agravada. También se evaluará una posible arista patrimonial vinculada al financiamiento de este tipo de actividades.
Desde la Fiscalía destacaron que este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar políticas criminales y mecanismos de prevención frente a contenidos de violencia extrema en espacios digitales, al tiempo que se busca desarticular cualquier circunstancia que pueda conducir a la comisión de hechos graves.