Detuvieron a la mujer acusada de usura. La víctima solicitó el crédito informal en 2023.
Más de 41 millones de pesos en transferencias, la entrega de un auto valuado en 11 millones y hasta el compromiso de darle la escritura de su casa. Esa fue la entrega y la promesa que una mujer hizo a la persona que le dio un crédito informal de 6 millones de pesos en 2023 y que derivó en un allanamiento y la detención de la acusada de usura y extorsión.
Tras el pedido que hizo el fiscal Luis Ferreyra, la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de Rivadavia y Chile donde personal de la DDI detuvo a la imputada y secuestró elementos de interés para la causa.
Una vez terminadas las actuaciones correspondientes, la mujer identificada como Andrea Mostafá fue trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán y este viernes deberá declarar en Tribunales en el marco de la causa por usura y extorsión.
Un espiral de deuda, pagarés y amenazas
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que se pudo hacer , la denunciante dijo que pidió de manera inicial un millón de pesos y que firmó un pagaré por el que debía abonar ocho pagos quincenales de 330 mil pesos.
A partir de tener problemas en su trabajo se atrasó tres semanas con el pago y tuvo que refinanciar la deuda, lo que generó tener una supuesta deuda original de seis o siete millones de pesos.
La denunciante dijo que en septiembre de 2023 le balearon el frente de la casa y que luego recibió llamado telefónicos dónde le exigían una suma cercana a los 25 millones de pesos o “iba a pagar una de sus hijas”.
En su exposición dijo que Mostafá le ofreció que entregara un automóvil valuado en siete millones de pesos y que refinanciara el resto de la deuda: por temor, firmó pagarés por 96 millones de pesos de los cuales pagó 55 cuotas hasta que volvió a atrasarse.
“Decile a tu mamá que se comunique con su cobrador si quiere pagar, si tiene dos dedos de frente, sino nos fijaremos que hacemos con ella, tenemos tu número y el número de la chiquita” fue el mensaje que recibió su hija el 7 de mayo pasado y que la decidió a hacer la denuncia.
A partir de los datos recabados por personal de la DDI se lograron elementos para que el fiscal Ferreyra solicite una orden de allanamiento y el secuestro de pagarés a nombre de la denunciante, toda la documentación relativa al hecho, libretas y cuadernos con anotaciones relativas a la actividad investigada, teléfonos celulares y documentación del rodado.
El fiscal pidió la detención al tener indicios que la imputada en libertad intentaría fugar y de esta forma eludir la acción de la justicia en base al monto de pena en expectativa, toda vez que, de recaer sentencia condenatoria tiene una pena en expectativa de cinco a diez años de prisión.
“Dada la mecánica de los hechos y la multiplicidad de partícipes, me hacen presuponer que la imputada intentaría eludir la acción de la Justicia, entorpecer la investigación y destruir prueba de relevancia para el esclarecimiento de los hechos, influyendo en que los co-imputados se comporten de manera desleal o reticente” dijo en su pedido.