Tras el escándalo del lunes, el gobierno municipal remitió un informe al Concejo en el que respaldó la regulación. Propuso requisitos para conductores, vehículos y empresas. Aval para las motos.
En medio del debate por la regulación de las aplicaciones de transporte y luego del escándalo del lunes que derivó en trompadas, el gobierno municipal presentó este jueves ante el Concejo Deliberante un informe técnico en el que expresó su acompañamiento a la creación de un marco normativo para plataformas como Uber, DiDi y Cabify y detalló una serie de requisitos para conductores, vehículos y empresas.
La postura fue remitido con firma del director de Transporte, Federico Chioli, a la Comisión de Movilidad Urbana, que analiza desde hace años distintos proyectos para regular la actividad en General Pueyrredon.
Uno de los principales puntos del informe es que el registro municipal no debería estar dirigido a los choferes sino a las empresas que intermedian entre pasajeros y conductores mediante aplicaciones móviles o plataformas digitales. Además, propuso que esas firmas cuenten con domicilio físico y electrónico en el distrito para garantizar las notificaciones y el control municipal.
Por lo anterior, el Ejecutivo consideró innecesario crear un registro individual de conductores, ya que entiende que la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las exigencias debe recaer sobre las empresas, que deberán mantener bases de datos actualizadas de choferes y vehículos a disposición de la autoridad de aplicación.
Respecto de los conductores, el Ejecutivo consideró que las plataformas deberán garantizar que quienes presten el servicio cuenten con licencia profesional categoría D1 emitida en General Pueyrredon, acrediten la inexistencia de antecedentes penales mediante certificados actualizados anualmente y sean titulares o estén autorizados para conducir los vehículos utilizados.
El del carnet habilitante es uno de los puntos bajo controversia, ya que el proyecto de la Coalición Cívica y los conductores de apps plantean que debe alcanzar con un carnet simple, lo que es resistido por taxistas y remiseros.
En cuanto a las unidades, el informe plantea la exigencia de VTV vigente y de una cobertura específica para vehículos que prestan servicios contratados a través de plataformas tecnológicas, conforme a la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Otro aspecto relevante es que el gobierno municipal no puso objeciones a que la actividad pueda prestarse con distintos tipos de vehículos. El informe señala expresamente que, siempre que se cumplan los requisitos legales, no existe impedimento para que el servicio sea brindado tanto por automóviles como por motovehículos. En su proyecto, La Libertad Avanza propuso prohibir las motos, a diferencia de lo que ahora opina el gobierno.
Sobre uno de los puntos más discutidos del expediente, la antigüedad de los vehículos, el gobierno sugirió que se unifique con los criterios vigentes para el resto de los servicios de transporte de pasajeros, aunque recordó que la definición final corresponde al Concejo Deliberante. En principio, la idea que más fuerte suena es la de llevar ese plazo de 10 a 15 años.