Es la segunda vez en lo que va del año. Los trabajadores habían cortado el ingreso de camiones a la pesquera por un reclamo salarial. Desde el Ministerio de Trabajo cuestionan la actitud “autoritaria”
Trabajadores de la pesquera “14 de Julio” fueron amenazados “con el uso de la fuerza” por parte de la policía para que abandonen una protesta salarial, que realizaban en uno de los ingresos de la planta. La situación no pasó desapercibida por parte del Ministerio de Trabajo, ya que advierten que es la segunda vez que se utiliza las fuerzas de Prefectura para romper una huelga en el puerto, “de manera autoritaria”.
Desde la semana pasada que los trabajadores reclaman a la firma a que “respete” los convenios salariales del sector, ya que su salario quedó desfasado. Luego de seis reuniones y ante la falta de resolución, este miércoles un pequeño grupo de empleados, compuestos por fileteros, envasadoras, calibradoras y peones comenzaron a bloquear el ingreso y egreso de camiones a la pesquera, ubicada en Acha al 900 pero una dura advertencia los hizo retroceder en su reclamo. “Llegó Prefectura y la Policía Federal les advirtió́ que sino liberábamos dicho lugar iban a tener que hacer uso de la fuerza, a lo que los trabajadores tuvimos que liberar el acceso”, confesó esta mañana uno de los trabajadores.
En ese marco, Margarita, delegada del Soip, acusó a la empresa de “no querer respetar el convenio que se firmó en la Caipa (Cámara de la Industria Pesquera Argentina) del 14%” y que la patronal “quiere abonar un aumento escalonado del 5% en febrero, otro igual en marzo, abril y mayo”, que se suma, según sus cálculos “en 200 mil pesos que nos deben del año pasado”. “Encima el pescado que nosotros teníamos lo cortan afuera, en las cuevas”, reclamó.
En relación al intenso operativo de Prefectura, que días atrás reprimió una huelga similar en el puerto, la delegada gremial afirmó que uno de los oficiales les dijo que “tienen que cumplir la ley del protocolo antipiquete. No tenemos que obstruir el paso, sino en la calle pacíficamente”.
Ante esta cuestión, Raúl Calamante, Coordinador Regional del Ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires, denunció que el gobierno nacional con el protocolo antipiquetes es “autoritario”.
“Tenemos un Ministerio de Seguridad que cree que las cosas se resuelven a los golpes y nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir acompañando para que los conflictos se puedan encausar como corresponden. La policía tiene a la prefectura que es una fuerza federal, en territorio de la Provincia de Buenos Aires que está actuando casi de oficio porque no hay un fiscal acá que esté actuando ni hay un juez que haya dado una orden de desalojo, por lo tanto es una situación compleja”, completó Calamante.