Entre las denuncias señalaron que los medicamentos no reciben total cobertura y que el principal hospital de Pami con su total capacidad.
Jubilados autoconvocados se movilizaron hasta las oficinas de Pami para denunciar el desfinanciamiento y vaciamiento del instituto, lo que pone a millones de personas mayores en riesgo al no tener acceso a la salud.
En este marco, presentaron una carta dirigida a Javier Vallejos, director de Pami, para evidenciar la situación de los afiliados. Principalmente, remarcaron que cada vez es más difícil acceder a los medicamentos, ya que “antes eran al 100% ahora se redujeron al 40 o 30 %”.
Como consecuencia, jubilados y pensionados deben elegir qué medicamentos tomar porque el escaso ingreso mensual no les permite comprar toda la medicación recetada. “Pedimos que se vuelva a los criterios anteriores y se dé cobertura completa a la medicación, en especial a las jubilaciones y pensiones de menores recursos”, indicaron.
En cuanto a la atención médica, remarcaron que “los médicos de cabecera deben y merecen recibir una retribución acorde a su profesión y a su tarea. No es justo que se haya reducido sus haberes y generado un conflicto con el sector médico”.
Además, apuntaron contra el Houssay que no funciona con su total capacidad, “siendo este hospital de fundamental importancia para los afiliados por ser exclusivo de PAMI y por contar con los servicios e infraestructura necesaria para una adecuada atención”.
Con este panorama, encuentran dificultades para acceder a turnos médicos “donde a veces hay que esperar 2 o 3 meses para ser atendidos”.
Por último, revelaron que “los servicios sociales del Instituto se han debilitado al extremo, cuando la situación social amerita lo contrario. Se necesita más ayuda alimentaria, más comedores sostenidos por el Pami, más servicios sociales para un universo de personas mayores con grandes dificultades económicas y sociales. Al extremo que ya hay jubilados en situación de calle”.
Por este motivo exigieron que Pami presente las respuestas necesarias para que los afiliados puedan tener un real acceso a la salud, uno de los principales derechos humanos.