El senador provincial y ex ministro de Seguridad cuestionó la implementación del nuevo régimen penal juvenil y advirtió que, sin recursos para la resocialización de los menores, la reforma no resolverá el problema.
Luego de que la Justicia suspendiera por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni volvió a ratificar una posición que sostiene desde hace más de 15 años: la necesidad de bajar la edad de imputabilidad. Sin embargo, cuestionó la forma en que fue aprobada la nueva ley y advirtió que, sin los recursos necesarios para su implementación, la reforma resulta inviable.
“Fui el primero en el país, hace más de 15 años, en empezar a plantear la baja de la edad de imputabilidad. Ahora, de la manera que se hizo y de la manera en que se aprobó, esto es totalmente inviable”, afirmó Berni.
Para el senador, el problema no se resuelve únicamente modificando la edad a partir de la cual un menor puede ser responsabilizado penalmente. La reforma debe estar acompañada por una política integral que garantice las condiciones necesarias para trabajar en la recuperación y resocialización de los jóvenes que ingresan al sistema penal.
“Bajar la edad sin presupuesto para resocializar no sirve de nada. Si a ese menor no se lo resocializa, la condena es totalmente ridícula”, sostuvo.
En ese sentido, Berni apuntó contra el Gobierno nacional por haber impulsado la reforma sin acompañarla con los fondos necesarios para que las provincias puedan afrontar su implementación. Advirtió que el sistema necesita inversión, infraestructura, herramientas pedagógicas, psicoterapeutas y equipos profesionales que permitan abordar las causas que llevan a los menores a la criminalidad y evitar su reincidencia.
También señaló que los institutos de menores de la provincia de Buenos Aires ya atraviesan importantes dificultades y que incorporar más jóvenes sin fortalecer previamente esos dispositivos puede terminar agravando una situación que la nueva legislación pretende resolver.
“Hay que bajar la edad de imputabilidad y darles a las provincias el presupuesto necesario para que tengan las herramientas pedagógicas, psicoterapeutas y profesionales para sacarlos de la criminalidad. Sin recursos, esto lejos de solucionar el problema lo viene a agravar”, concluyó.