Lo evitaron los vecinos. El municipio sostuvo que fue para realizar obras que exige el pliego de concesión.

Manantiales Club de Mar quiso cercar la Playa Pública Arroyo Lobería por quinta vez y los vecinos de Chapadmalal volvieron a impedirlo. Allí pretenden realizar una obra a la que los vecinos también se oponen. 

El sitio es de uso público según el pliego mediante el cual Rivan SA explota Manantiales. Los vecinos lo recuperaron en 2021 en lo que fue otro capítulo de un conflicto que lleva décadas. La empresa no cuenta con impacto ambiental y ha contaminado las aguas del arroyo. También hay responsabilidad de funcionarios municipales. Por eso, los vecinos los denunciaron.   

Uno de los integrantes de la Asamblea Luna Roja y del Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur, Kanki Alonso, dio detalles del conflicto. “En 2020 denunciamos que el balneario cerraba el paso por la ribera del Arroyo Lobería. Una contravención al código civil y a ley 12257 del Código de Aguas de la provincia. En la UFI 12 –de usurpaciones– estaba la fiscal Lorena Hirigoyen que ordenó a la policía de calle que los empleados retiren el alambre romboidal. Así volvimos a tener acceso a la famosa cascada del arroyo que es una atracción turística”. 

Luego, la Asamblea se presentó como particular damnificado y el juez De Marco respondió que no tenía legitimidad para hacer esa denuncia “porque no teníamos derechos reales posesorios sobre el bien objeto. No podíamos aducir tener derechos de propiedad”.

Sin embargo, la denuncia sí corresponde que la hagan los funcionarios públicos. Entonces están omitiendo sus deberes y, por eso, en 2022 denunciaron a Federico Schremin ex titular del EMTUR y al actual Bernardo Martin. A su vez, solicitaron que se investigue la posible comisión del delito de asociación ilícita. 

“Después encontramos un sector del balneario en estado de abandono con la capilla que funcionó durante cuarenta años como un quemadero donde incineraban residuos de todo tipo. Se saneó el lugar, se empezó a cortar el pasto y a darle uso público. Se trata de un 6% de toda la unidad”, dijo. 

Se trata de un espacio que se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Allí se puede disfrutar de los acantilados, el arroyo, la playa y también tiene valor para el patrimonio arqueológico y paleontológico.   

Los intentos de desalojo

La asamblea le pidió a la delegación Municipal Chapadmalal que limpie la capilla pero la dependencia no quiso meterse. “El privado aprovechó para hacernos una demanda civil y penal. La penal no avanzó porque no hay acciones pero la civil sí. Ellos dicen que se les impide ejercer los derechos posesorios. El juez que entiende en la causa es Heber Amalfi. Ellos dicen que el lugar está destinado al uso público y que nosotros al pasear o hacer actividades en el lugar cometemos una intrusión. Con ese argumento hicieron tres desalojos”. 

En ninguna de las oportunidades encontraron nada. “No hay pertenencias ni personas viviendo ahí. La causa es abstracta pero ellos usaban el lanzamiento (desalojo) para intentar alambrar el único sector abierto de las siete hectáreas. Si alambran, logran sellar el acceso a toda la unidad y cumplen con su cometido que es volver a tener toda la unidad cerrada para el uso privado y arancelado”. 

Entonces hubo dos nuevos intentos de desalojo el viernes 17 y el lunes 20 de mayo aunque no se inscribieron en la causa civil sino que hubo tres funcionarios del gobierno municipal: Carolina Muzzio, asesora letrada del EMTUR, Marcelo Tovar y Ricardo Campos, director de Control de Obras en UTF que depende de la Secretaría de Obras y Planificación que estuvieron acompañados por la policía. 

Desde el municipio sostuvieron que el cerco es para realizar obras que el pliego le exige a Manantiales, mencionaron que la intención es construir baños públicos, una cancha de fútbol y la restitución de la capilla que “había sido intrusada” a la iglesia del barrio. Y para eso es necesario colocar el cerco.   

Alonso describió que la policía actuó de forma prepotente, forcejearon y empujaron a vecinas: “Bajaron los de la UTOI con cascos y garrotes. Te empujaban, te corrían del lugar a la fuerza para permitir que una cuadrilla de obreros pudiera poner un cerco. Por suerte, la comunidad reaccionó masivamente. Se cortó la ruta y se hicieron sentadas pacíficas. Hubo actos de violencia pero no heridos aunque nunca había pasado algo así en la comunidad de Chapadmalal”. 

“Si un emprendimiento turístico se basa en la represión para poder desarrollarse algo no anda  bien”, dijo y aclaró que no pudieron terminar de colocar el cerco. La unidad sigue abierta. Es un lugar de encuentro de adolescentes. Sigue habiendo uso público desde hace tres años. La causa avanza y es claramente un ejemplo de fracaso de la gestión política”. 

A su vez destacó el apoyo por parte de los vecinos que se manifestaron una y otra vez para que no pudieran cercar el acceso público. “Sabemos que nos van a intentar criminalizar porque estamos siendo un problema para ellos”, advirtió. 

Irregularidades desde el origen 

Manantiales incumple las leyes desde el origen. Ya en 1990 cuando se edificó el balneario. Alonso recordó que no existía la ley de ambiente pero sí la 6253 de protección de Desagües Naturales. Una ley que dispone franjas de restricción del dominio a cada margen de los arroyos que, dependiendo del cauce, van de los 30 a los 50 metros donde queda prohibido edificar o realizar  obras de difícil remoción. Y lo que se realice en esa franja debe contar con prefactibilidad y permiso de la Dirección Provincial de Hidráulica. 

Sin embargo, el balneario de la empresa de Hernán Lombardi, un dirigente ligado al PRO que fuera ministro de Cultura durante el gobierno de Mauricio Macri, realizó todas las obras sin los permisos y ocupó las zonas de restricción que fija la ley. “Allí tienen sistemas de tratamientos sanitarios con vuelcos. Son unos diez pozos negros de los cuales siete están emplazados en una zona de restricción del arroyo Lobería”. 

Los informes de laboratorio a los que tuvieron acceso los vecinos evidencian que han encontrado entre 5 y 10 veces más presencia de estericchia colli y enterococos, dos bionincadores que se utilizan para determinar la presencia de contaminación fecal. “Esa es un de las fallas estructurales desde el origen”. 

Sin impacto ambiental 

En 1995 entró en vigencia la ley general de ambiente y la evaluación del impacto ambiental de los balnearios empezó a  depender de la municipalidad. “Desde 1995 a 2024, 29 años en los que hubo obras y refacciones, Manantiales Club de Mar nunca tramitó la declaración de impacto ambiental. Tampoco tienen certificado de aptitud ambiental, un documento con el que deben contar todos los balnearios”. 

La UTF forma parte de la Reserva Paseo Costanero Sur que tiene un plan de manejo aprobado por ordenanza en 2009. “La reserva como unidad es segmentada en distintos tipos de uso. Habitualmente se deja una parte prístina que le llaman intangible y otras partes que pueden visitarse”. 

En este caso, le dieron destino de uso al área que va desde la calle 515 que es la última del barrio Mar y Sol hasta el complejo de Colonia Chapadmalal. “En todos esos kilómetros hay Unidades Turísticas Fiscales. Tanto Arroyo Lobería como Playa Bonita y las que continúan hacia el sur están destinadas al uso público por la ordenanza 19111 de 2009”.

Más tarde, en 2013, el pliego de bases y condiciones para la explotación de Manatiales y la UTF Arroyo Lobería dispuso que tienen derecho a utilizar el 40% del sector de arena seca de la unidad y el 60% debe quedar para uso público. Allí está el acceso que intentan cercar. 

En este punto, Alonso aclaró que en las siete hectáreas de sector de bosque tienen que presentar un plano de zonificación en el cual determinen cuáles son las áreas de uso arancelado y cuáles las de uso público. “Y aclara que la división entre áreas no implica ningún vallado ni muro que impida la integración visual de las mismas. O sea, la división de áreas de arancelado a público no representa exclusión dice la ordenanza”. 

También dispone que las áreas de uso público tienen que estar en perfecto estado y habilitadas los 12 meses del año y “hasta tanto no hagan las obras para tener los baños públicos accesibles, tienen que contar con batería de seis baños químicos. Lo venimos denunciando desde 2020 y nunca lo hicieron. No tienen voluntad de que haya uso y goce de la Unidad Turística Fiscal”. 

Así vulneran las normas que disponen el uso público y gratuito de la UTF. “Denunciamos y nunca tuvimos respuesta de quienes deben responder”, dijo.